La transición hacia la movilidad eléctrica es ya una realidad en España y en toda Europa. Cada vez más ciudadanos optan por vehículos eléctricos o híbridos enchufables, impulsados por la necesidad de reducir emisiones, el aumento del precio de los combustibles fósiles y las ayudas públicas a la compra de este tipo de automóviles. Esta tendencia, sin embargo, plantea un reto a las comunidades de propietarios: adaptar sus garajes para permitir la instalación de puntos de recarga de manera segura, legal y eficiente.
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La administración de fincas es una profesión que influye directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Gestionar una comunidad no es solo llevar cuentas o convocar juntas. Implica manejar presupuestos importantes, mediar en conflictos, asesorar jurídicamente, coordinar obras, velar por la seguridad del edificio y garantizar que se cumplan leyes cada vez más complejas. Sin embargo, todo ese trabajo puede realizarlo cualquier persona sin requisitos oficiales ni controles públicos. 
Pocas personas lo saben, pero la profesión de administrador de fincas en España no está regulada legalmente. Esto significa que, a diferencia de otros oficios, cualquiera puede ejercer como administrador sin una formación mínima, sin un título que lo habilite y sin un control oficial sobre su preparación.
Hay costumbres que se mantienen por inercia, no por sentido común o utilidad. En el mundo de las comunidades de vecinos, pocas son tan absurdas y cargantes como la famosa doble convocatoria de las juntas.
La inteligencia artificial (IA) ha llegado para quedarse. Hoy forma parte de nuestras búsquedas, decisiones, diagnósticos, estudios y hasta conversaciones cotidianas. Su presencia se ha normalizado tanto que, en ocasiones, olvidamos una premisa fundamental, la IA no piensa, procesa. Y precisamente ahí radica el mayor riesgo de esta revolución tecnológica.
En muchas comunidades ocurre un fenómeno curioso y bastante común cuando se propone aprobar un Reglamento de Régimen Interno, incluso con normas sencillas y de sentido común, la oposición firme de algunos vecinos. Se dicen frases como “No hacen falta reglas si todos tenemos educación” o “Eso ya lo hacemos sin necesidad de escribirlo”. Sin embargo, detrás de esa resistencia hay algo más profundo que un simple desacuerdo, un fenómeno conocido como reactancia psicológica. 
Al hablar de un administrador de fincas, la primera imagen que suele venir a la cabeza es la de esa persona que dirige las reuniones de vecinos, que toma notas durante las juntas, que expone los balances o que envía las convocatorias y las actas. Pero detrás de esa parte visible hay un mundo de gestiones diarias, de problemas que se resuelven casi en silencio y de decisiones que, aunque pasen desapercibidas, marcan la diferencia en la vida de la comunidad. 
La limpieza de portales, escaleras, zonas comunes y garajes es uno de los servicios más básicos en cualquier comunidad de propietarios. Sin embargo, en los últimos años, son cada vez más las voces que alertan de una pérdida progresiva de calidad en el sector. Las quejas y reclamaciones han aumentado exponencialmente, generando un descontento entre los vecinos que termina con cancelaciones de contratos, sustituciones de empresas, etc. Y no se trata de casos aislados, es un fenómeno que se repite en toda España y que tiene causas profundas que merece la pena analizar. 
Cuando pensamos en una junta de vecinos, solemos imaginar discusiones sobre presupuestos, reparaciones o la elección de presidente. Lo que casi nunca se piensa es en la persona que está allí, sentada hasta casi la medianoche tomando notas, respondiendo dudas y organizando acuerdos: el administrador de fincas.