En muchas comunidades ocurre un fenómeno curioso y bastante común cuando se propone aprobar un Reglamento de Régimen Interno, incluso con normas sencillas y de sentido común, la oposición firme de algunos vecinos. Se dicen frases como “No hacen falta reglas si todos tenemos educación” o “Eso ya lo hacemos sin necesidad de escribirlo”. Sin embargo, detrás de esa resistencia hay algo más profundo que un simple desacuerdo, un fenómeno conocido como reactancia psicológica.
¿Por qué se rechazan las normas incluso cuando ya las cumplimos?
La reactancia psicológica es una respuesta emocional natural que surge cuando una persona percibe que su libertad se ve amenazada. En otras palabras, cuando alguien siente que le están diciendo lo que tiene que hacer, aparece un impulso interno que le empuja a hacer justo lo contrario o, al menos, a rechazar la imposición.
En el contexto de una comunidad de vecinos, esto se traduce en actitudes como, “No quiero que me digan cómo usar el patio si siempre lo he hecho bien”, “No necesito un papel que me diga a qué hora puedo poner la lavadora” o “No hace falta escribir lo que ya todos sabemos”.
El problema es que, aunque esas normas reflejen comportamientos que la mayoría ya cumple, su existencia no está pensada para los que actúan correctamente, sino para prevenir conflictos cuando alguien no lo hace.
De este modo, las normas en una comunidad no son un corsé, son un marco de convivencia. No se redactan para limitar libertades, sino para proteger derechos y evitar discusiones futuras.
Por ejemplo, si el Reglamento establece que no se pueden colocar objetos en el rellano, no es para incomodar a nadie, sino para prevenir incendios, tropiezos o quejas. Si regula el horario de la piscina o el uso de las zonas comunes, no es por capricho, sino para que todos puedan disfrutarlas en igualdad. Si fija cómo actuar ante un ruido constante o una fuga de agua, no impone burocracia, sino que facilita la solución sin conflictos personales.
En definitiva, las normas son una garantía de convivencia y de seguridad jurídica. Cuando están bien elaboradas, no restan libertad, sino que liberan de conflictos y aportan tranquilidad.
Un reflejo de la sociedad
La resistencia a las normas comunitarias no deja de ser una metáfora de algo más amplio, una sociedad donde la palabra “norma” se asocia con restricción y no a organización o bienestar común.
Nos cuesta aceptar que la libertad individual no se pierde al convivir, sino que se redefine para que pueda ejercerse junto a la de los demás.
Aceptar normas en una comunidad no es un acto de sumisión, sino de madurez colectiva. Significa entender que vivir en comunidad requiere equilibrios y que el papel del Reglamento no es controlar, es prevenir conflictos que, de otro modo, acabarían dividiendo a los vecinos.
La pedagogía del consenso
Es importante explicar con calma que el Reglamento se construye entre todos y que cada norma puede debatirse, matizarse y adaptarse a la realidad del edificio. El objetivo debe ser dotar a la comunidad de un marco común de referencia en beneficio de la convivencia. De hecho, los edificios que cuentan con un Reglamento de Régimen Interno funcionan mejor, tienen menos conflictos y resuelven los problemas más rápido.
Cuando las normas están claras, las decisiones no dependen del estado de ánimo del momento, ni de quién grite más en la reunión, sino de un documento aprobado por todos.
En definitiva, rechazar las normas por sistema es una forma de rebeldía más emocional que racional. Las comunidades no necesitan más libertad, sino mejor entendimiento de lo que significa convivir y eso pasa por aceptar que las normas no son una traba, sino un compromiso mutuo, un “pacto de convivencia” que protege a todos, incluso a quienes creen no necesitarlo.
Al final, las normas no están para limitar la buena convivencia, sino para garantizar que siga siéndolo cuando las cosas se complican y eso, en el fondo, no es perder libertad, es ganar tranquilidad.