La inteligencia artificial en la Justicia ya no solo pertenece a la ficción cinematográfica. Cada vez existen más herramientas capaces de analizar documentos, localizar jurisprudencia y estudiar expedientes en cuestión de segundos. Y esto lleva inevitablemente a una pregunta: ¿podría llegar algún día a impartir justicia?
Sobre el papel resulta tentador. Imaginemos un sistema capaz de aplicar la ley siempre con el mismo criterio, sin cansancio, simpatías personales, presiones o diferencias entre un juzgado y otro. Juicios mucho más rápidos, menos costes y sentencias que podrían llegar en días, horas o incluso minutos.
Pero si esa sentencia la estás esperando tú, la cuestión empieza a verse de otra manera.
¿Sería realmente más justa?
Una IA especializada podría conocer prácticamente toda la legislación y jurisprudencia disponible y analizar información a una escala imposible para cualquier juez. Eso podría aportar coherencia y reducir determinados errores humanos.
El problema está en pensar que la objetividad es automática. Alguien tendría que diseñar esa inteligencia artificial, entrenarla y decidir los criterios con los que funciona. Y los datos con los que aprende también proceden de decisiones tomadas anteriormente por personas. Entonces aparecería una nueva pregunta: ¿quién vigila al sistema que nos juzga?
La ley también tiene una parte humana
Dos casos aparentemente iguales pueden ser muy diferentes cuando conocemos a las personas que hay detrás. La intención, el miedo, las circunstancias familiares, la vulnerabilidad o el contexto pueden cambiar nuestra percepción de unos hechos.
Una inteligencia artificial podría aprender a valorar todos esos elementos. Incluso podría llegar a hacerlo técnicamente mejor que nosotros. Pero queda una cuestión mucho más difícil de resolver: ¿queremos que una máquina tenga la última palabra sobre nuestra libertad, nuestros hijos, nuestro patrimonio o nuestro futuro?
¿Y la independencia judicial?
Una justicia gestionada por inteligencia artificial podría parecer completamente independiente. Un algoritmo no pertenece a ningún partido político, no tiene amistades ni aspiraciones profesionales. Aunque alguien tendría que controlarlo.
¿Quién decidiría cómo se entrena? ¿Quién actualizaría sus criterios? ¿Quién podría modificarlo? ¿El Estado? ¿Los jueces? ¿Una entidad independiente? ¿Una empresa tecnológica?
La independencia judicial podría dejar de depender únicamente de quien dicta la sentencia y trasladarse también a quien controla la tecnología que ayuda a tomarla. Y no es una cuestión menor. De hecho, la regulación europea ya considera de alto riesgo determinados sistemas de IA utilizados en la Administración de Justicia y mantiene que la decisión final debe continuar siendo humana.
Una justicia casi inmediata
Probablemente aquí estaría una de las mayores ventajas. Esperar años para obtener una sentencia resulta difícil de entender para cualquier ciudadano. Una inteligencia artificial podría revisar enormes expedientes, localizar precedentes y analizar argumentos en muy poco tiempo. Muchos procedimientos sencillos podrían resolverse con enorme rapidez.
Pero también necesitamos sentir que hemos podido explicar lo ocurrido. Que alguien nos ha escuchado. Que nuestros argumentos han sido comprendidos. Una sentencia puede ser jurídicamente impecable y, aun así, resultar difícil de aceptar si sentimos que simplemente hemos sido procesados por una máquina.
¿Seguiríamos necesitando abogados?
También cambiaría profundamente su profesión. Si cualquier ciudadano pudiera consultar a una IA jurídica capaz de estudiar su problema, redactar una demanda y anticipar las posibilidades de éxito, muchas tareas actuales perderían sentido.
Sin embargo, un abogado también escucha, aconseja, negocia, interpreta situaciones y acompaña a personas que muchas veces atraviesan uno de los momentos más complicados de sus vidas.
Probablemente cambiarían sus funciones. Lo mismo ocurriría con jueces, fiscales, procuradores y miles de empleados de Justicia. La transformación tecnológica tendría también una enorme dimensión laboral y social.
¿Estamos preparados?
La inteligencia artificial puede ayudar a conseguir una justicia más rápida, coherente y eficiente. Ya existen herramientas capaces de apoyar el trabajo jurídico y su presencia irá aumentando. La cuestión realmente complicada comienza cuando pasamos de pedirle ayuda con una decisión a permitirle que decida por uno.
Quizá dentro de unas décadas nos parezca completamente normal que una inteligencia artificial tenga una participación importante en una sentencia. O quizá descubramos que existen determinadas decisiones que, por muy imperfectos que seamos los seres humanos, queremos seguir dejando en manos de otra persona.
Y tú, ¿aceptarías que una inteligencia artificial dictara una sentencia que pudiera cambiar tu vida?